El mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, presentó este jueves al Congreso del Estado su iniciativa de Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, la cual propone que las concesiones del servicio de transporte público no puedan otorgarse a legisladores, ediles, al gobernador del estado y a ningún directivo de dependencias federales, estatales o municipales.
Entregada al Poder Legislativo por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, la iniciativa plantea impedir también sean concesionarios los ciudadanos que conforman organismos electorales y los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, así como sus cónyuges y parientes hasta en cuarto grado.
Entre otros, el impedimento se plantea también a las empresas de las que sean socios, administradores o representantes, los servidores públicos anteriormente señalados, a las empresas cuyo objeto de su creación no sea la prestación de servicio de transporte de pasajeros y a menores de edad.
Asimismo, lo propuesta de nueva ley transparenta y fortalece el procedimiento para otorgar concesiones del servicio de transporte público por convocatoria, limitando al Gobernador la facultad de otorgarlas unilateralmente.
La iniciativa de Ley contempla determinar la infraestructura necesaria para la movilidad segura e integrada, incorporando calles completas, redes peatonales, redes ciclistas, cruces seguros, accesibilidad universal, estaciones de transferencia e infraestructura para el transporte público urbano y suburbano.
Se proponen también cinco tipos taxis del servicio de transporte público individual y prevé el servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas.
Para el servicio de transporte público individual motorizado o taxis, se plantean cinco tipos: taxi tradicional, taxi mixto (personas y de carga), taxi estándar, taxi ejecutivo público y taxi ecológico.
De aprobarse la iniciativa en los términos propuestos por el gobernador Nacho Peralta, el taxi tradicional será aquel que se preste con vehículos convencionales de cuatro cilindros, capacidad de cinco pasajeros incluidos el conductor, se accede a él en la vía pública, por teléfono, radiocomunicación, aplicaciones tecnológicas o en sitio y el pago es en efectivo.
El taxi mixto será el que se preste con vehículos tipo pick-up con cabina integrada y espacio dedicado al traslado de cinco pasajeros. La forma de acceder a él y de pagarlo sería la misma que el taxi tradicional.
En tanto, el taxi estándar sería el que se preste con vehículos convencionales compactos de equipamiento interior austero, con capacidad de cinco pasajeros, equipamiento de seguridad de fábrica (frenos ABS, bolsas de aire frontal, control electrónico de estabilidad) y con facilidades para traslado de personas con discapacidad motriz.
A ese taxi se accedería en la vía pública, por teléfono, radiocomunicación, en sitio, o por aplicación tecnológica, su pago sería en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en terminal portátil o con tarjeta de prepago del Sistema Integrado de Transporte Regional, con facilidad de emisión de recibos fiscales.
A diferencia del taxi estándar, el taxi ejecutivo público se prestaría con vehículos de equipamiento interior básico, igualmente ofrecería facilidades para el traslado de personas con discapacidad motriz, el pago podría ser en efectivo, con tarjeta de débito o crédito en terminal portátil o con tarjeta de prepago, con facilidad de emisión de recibos fiscales, pero no podría accederse a él en la vía pública, sólo a través de llamada por teléfono o por aplicación tecnológica y sería prestado por particulares que cuenten con una concesión de servicio de transporte público individual motorizado.
Por su parte, el servicio de taxi ecológico tendría todas las características del taxi ejecutivo público, excepto que se prestaría con vehículos híbridos o eléctricos subcompactos.
La iniciativa de ley propone también el servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, el cual tendría como objeto trasladar a personas y sus cosas en vehículos cuyas especificaciones físico-mecánicas de seguridad para el usuario y se podrá pagar exclusivamente con tarjeta.
El servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas con o sin chofer, se ofrecerá a través de empresas de acceso y gestión de la demanda, que deberán registrarse ante la Secretaría de Movilidad.
La Iniciativa de Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, propone que las empresas de acceso y gestión de la demanda estén obligadas a registrar los vehículos y conductores, ofrecer atención e información completa al usuario antes y después del viaje, cobrar exclusivamente a través de medios electrónicos, dar información a la Secretaría sobre la operación y aportar el 2% de sus ingresos al Fondo de Movilidad.
La iniciativa de Ley plantea garantizar los derechos básicos de los choferes del transporte público, como gozar de las prestaciones establecidas en la legislación aplicable, recibir capacitación, recibir un trato digno y respetuoso de patrones y autoridades y garantizarles su preferencia en la participación y otorgamiento de concesiones de taxi.
El documento prevé la existencia de un sistema integrado de transporte público de pasajeros, pudiendo tener en las principales ciudades corredores semi-masivos o de alta capacidad, con vehículos accesibles que circularán por un vialidades exclusivas o preferentes para el transporte público, con características geométricas suficientes para permitir su operación regulada, controlada y con un recaudo centralizado.
Ese corredor contaría con paradas predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, estaciones ubicadas a lo largo del recorrido, con terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del servicio como personas morales.
La iniciativa de Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, que consta de 406 artículos contenidos en siete títulos y 20 transitorios, se construyó luego de celebradas 20 reuniones de trabajo con el sector de transporte y los organismos afines, involucrándose más de 450 participaciones con más de 50 organismos (empresas y agrupaciones de transporte colectivo e individual, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, instituciones académicas, organismos públicos, asociaciones civiles y colectivos).
Colima, Col. 8 de diciembre de 2016