Con 13 votos de los diputados del PRI, Nuestro Compromiso por Colima, PT, PVEM y Partido Nueva Alianza y uno en contra de Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, cuyo dictamen señala que esta norma garantizará mayor transparencia y evitará la corrupción.

La nueva Ley, cuya iniciativa al Congreso del Estado la presentó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez el pasado dos de mayo, contiene figuras jurídicas innovadoras en los procedimientos de contratación y arrendamiento, basadas en la Ley Federal de la materia como en una Ley Modelo de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de las Entidades Federativas, elaborada por el Instituto Mexicano de la Competitividad.

Las comisiones dictaminadoras, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, modificaron la propuesta del iniciador, al establecer que no podrá exceder en 120 días posteriores a la presentación de la factura respectiva el pago a los proveedores, además de obligar a los comités de adquisiciones a transmitir sus sesiones en vivo por internet.

La Ley incorpora la figura de los testigos sociales, como participantes activos en los procedimientos de contratación y arrendamiento de bienes y servicios, que además de vigilar la actuación de los entes gubernamentales, podrán presentar su testimonio, y en caso de identificar hallazgos de irregularidades, informarlas del órgano interno de control correspondiente.

También contempla la participación de organizaciones empresariales en los comités de adquisiciones, que contarán con derecho de voz y voto; además se obliga a los entes gubernamentales a realizar estudios de factibilidad y de costo-beneficio previos a la adquisición o arrendamiento de bienes, esto para determinar la conveniencia de dichos actos y obtener las mejores condiciones de mercado.

Se incorpora la figura de oferta subsecuente de descuento, en la que  los  licitantes  al  presentar  sus  propuestas,  tienen  la  posibilidad  de  que  con posterioridad a la presentación y apertura de su ofrecimiento económico, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial.

Contempla la creación de un padrón de proveedores que otorgará certeza, tanto a los entes gubernamentales como a los propios proveedores, el cual estará a disposición de cualquier interesado y de la sociedad en general.

Obliga a los entes gubernamentales la publicación anual de su programa de adquisiciones, que funcionará como marco de referencia para los proveedores, así como un mecanismo de transparencia hacia la sociedad.

En el apartado de sanciones, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, las establece para los proveedores y para los servidores públicos que incurran en irregularidades o violaciones a las disposiciones de la propia ley y obtengan beneficios o ganancias indebidas.

La norma aprobada este jueves considera la ponderación para asignar contratos a las personas físicas o morales con Certificado de Empresa Colimense, debiendo privilegiar la compra o contratación de servicios a empresas locales, aun si éstas rebasan hasta en un cinco por ciento los costos de firmas foráneas.

Finalmente, el dictamen señala que son sujetos de observancia de esta Ley sólo el Poder Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos, pues los poderes Judicial, Legislativo y los órganos estatales autónomos aplicarán su propio régimen específico en materia de adquisiciones.

Colima, Col., 8 de septiembre de 2016.